La frase del Defensor Adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, resumió lo que se trató en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia en torno al fallo de julio de 2008 que ordena el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Respondieron a las preguntas del Tribunal, funcionarios de ACUMAR y los gobiernos nacional, bonaerense y porteño. La conclusión es que aunque hay más información, no es clara. Un ejemplo es que el Auditor General de la Nación sólo pudo auditar el 8% del plan porque las partidas presupuestarias no están debidamente identificadas.
“Hay plazos incumplidos e incongruencias”. Así inquirió el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para acelerar la exposición del Secretario de Ambiente y máxima autoridad de ACUMAR, Juan José Mussi que ya había participado en la anterior audiencia pero como intendente de Berazategui.
Para comenzar, el Tribunal preguntó por qué hay notables demoras en la erradicación de basurales –uno de los puntos mencionados anteriormente por ComAmbiental-, que por el contrario aumentaron. El Presidente Ejecutivo de ACUMAR, Gustavo Villa Uría, admitió que resultó “más complejo de lo que se creía”.
Por un lado defendió que hay “un plan gradual para alcanzar el 100% de la recolección en los municipios” y evitar así desvíos que forman basurales clandestinos. Por el otro no pudo mencionar avances significativos en los Centros de Gestión Integral de Residuos pensados para recuperar los reciclables y los orgánicos. Tampoco respondió cuando se le preguntó por censos y planes para relocalizar a habitantes de los basurales.
Plan Sanitario “en” Emergencia. La vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, recibió respuestas contradictorias entre Nación y Provincia. El tema de su interrogatorio era importante: saber si la población más vulnerable al riesgo sanitario está censada así como cuál es el plan de atención primaria y seguimiento para esos casos.
Contaminación industrial en la mira. En Dock Sud, las empresas SEATANK SA e INDUPA SA tenían tiempo hasta principios de marzo para mudarse de allí, por orden del Juez Luis Armella que lleva la causa. En tanto ODFJELL TERMINALS TAGSA S.A., ORVOL S.A. y ANTIVARI S.A. también deben dejar el predio y restituirlo, pero respecto de los planes de relocalización, Villa Uría, dubitativo, no pudo responder más que “se está trabajando”.
Los expositores coincidieron en que aumentó la cantidad de inspecciones pero no se aclaró cuál era el balance de dichos controles al no contar con mediciones iniciales consistentes de agua, aire y suelo ni acciones de reconversión industrial que permitan cotejar si hay o no mejoras en la calidad ambiental de la región.
Este fue el punto más criticado por el Cuerpo Colegiado que sigue el caso. Entre sus miembros, Greenpeace señaló “la ausencia de un plan que establezca metas progresivas para la reducción de la contaminación”. En tanto, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales declaró que “no se han puesto en marcha los planes de reconversión industrial para disminuir la contaminación”
Leonardo Pérez Esquivel, de la Asamblea vecinal de Beccar y el Espacio Intercuencas, dijo a ComAmbiental que “hasta que no se avance sobre la responsabilidad penal”, es decir que los empresarios vayan presos por contaminar, “va a seguir pasando el bicicleteado”. En ese sentido aclaró que “la justicia tiene que ejecutarlo y lo puede hacer con la normativa vigente”.
“Falta articulación” fue el reclamo de Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos de la Boca. Los factores son diversos. Muestra de ello es que Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación, informó que el "92% del plan de saneamiento no pudo ser auditado por falta de identificación de las partidas directas o indirectas destinadas al saneamiento de la Cuenca".
Otro caso más reciente es la dificultad de desalojar un predio de 204 viviendas en Villa Soldati destinado a familias trasladadas del camino de sirga. El Juez Armella amplió la orden al detectarse más usurpaciones y pidió al gobierno porteño –so pena de multa diaria- que cense a los ocupantes, elabore un plan de solución integral e informe si la policía Metropolitana está en condiciones de llevarlo a cabo, ante el retiro de la fuerza Federal.
Todos los expositores y organismos del seguimiento coincidieron en que el fallo de julio de 2008 generó avances. El desconfianza permitida redunda en la posibilidad de que solo sea “una estrategia distractiva”. Para que se logren los objetivos del plan, Anselmo Sella, Defensor Adjunto del Pueblo de la Nación pidió no perder de foco la postergación que viene padeciendo la región.
Esto significa, según Sella, evaluar la capacidad de carga del Matanza-Riachuelo, organizar la información facilitando su acceso público, fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones, preservar el derecho a la vivienda para todos los habitantes de la cuenca y garantizarles el acceso a la justicia.
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| En el Palacio de Tribunales, gran expectativa. Foto: Centro de Información Judicial |
Respondieron a las preguntas del Tribunal, funcionarios de ACUMAR y los gobiernos nacional, bonaerense y porteño. La conclusión es que aunque hay más información, no es clara. Un ejemplo es que el Auditor General de la Nación sólo pudo auditar el 8% del plan porque las partidas presupuestarias no están debidamente identificadas.
“Hay plazos incumplidos e incongruencias”. Así inquirió el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para acelerar la exposición del Secretario de Ambiente y máxima autoridad de ACUMAR, Juan José Mussi que ya había participado en la anterior audiencia pero como intendente de Berazategui.
Para comenzar, el Tribunal preguntó por qué hay notables demoras en la erradicación de basurales –uno de los puntos mencionados anteriormente por ComAmbiental-, que por el contrario aumentaron. El Presidente Ejecutivo de ACUMAR, Gustavo Villa Uría, admitió que resultó “más complejo de lo que se creía”.
Por un lado defendió que hay “un plan gradual para alcanzar el 100% de la recolección en los municipios” y evitar así desvíos que forman basurales clandestinos. Por el otro no pudo mencionar avances significativos en los Centros de Gestión Integral de Residuos pensados para recuperar los reciclables y los orgánicos. Tampoco respondió cuando se le preguntó por censos y planes para relocalizar a habitantes de los basurales.
Plan Sanitario “en” Emergencia. La vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, recibió respuestas contradictorias entre Nación y Provincia. El tema de su interrogatorio era importante: saber si la población más vulnerable al riesgo sanitario está censada así como cuál es el plan de atención primaria y seguimiento para esos casos.
Contaminación industrial en la mira. En Dock Sud, las empresas SEATANK SA e INDUPA SA tenían tiempo hasta principios de marzo para mudarse de allí, por orden del Juez Luis Armella que lleva la causa. En tanto ODFJELL TERMINALS TAGSA S.A., ORVOL S.A. y ANTIVARI S.A. también deben dejar el predio y restituirlo, pero respecto de los planes de relocalización, Villa Uría, dubitativo, no pudo responder más que “se está trabajando”.
Los expositores coincidieron en que aumentó la cantidad de inspecciones pero no se aclaró cuál era el balance de dichos controles al no contar con mediciones iniciales consistentes de agua, aire y suelo ni acciones de reconversión industrial que permitan cotejar si hay o no mejoras en la calidad ambiental de la región.
Este fue el punto más criticado por el Cuerpo Colegiado que sigue el caso. Entre sus miembros, Greenpeace señaló “la ausencia de un plan que establezca metas progresivas para la reducción de la contaminación”. En tanto, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales declaró que “no se han puesto en marcha los planes de reconversión industrial para disminuir la contaminación”
Leonardo Pérez Esquivel, de la Asamblea vecinal de Beccar y el Espacio Intercuencas, dijo a ComAmbiental que “hasta que no se avance sobre la responsabilidad penal”, es decir que los empresarios vayan presos por contaminar, “va a seguir pasando el bicicleteado”. En ese sentido aclaró que “la justicia tiene que ejecutarlo y lo puede hacer con la normativa vigente”.
“Falta articulación” fue el reclamo de Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos de la Boca. Los factores son diversos. Muestra de ello es que Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación, informó que el "92% del plan de saneamiento no pudo ser auditado por falta de identificación de las partidas directas o indirectas destinadas al saneamiento de la Cuenca".
Otro caso más reciente es la dificultad de desalojar un predio de 204 viviendas en Villa Soldati destinado a familias trasladadas del camino de sirga. El Juez Armella amplió la orden al detectarse más usurpaciones y pidió al gobierno porteño –so pena de multa diaria- que cense a los ocupantes, elabore un plan de solución integral e informe si la policía Metropolitana está en condiciones de llevarlo a cabo, ante el retiro de la fuerza Federal.
Todos los expositores y organismos del seguimiento coincidieron en que el fallo de julio de 2008 generó avances. El desconfianza permitida redunda en la posibilidad de que solo sea “una estrategia distractiva”. Para que se logren los objetivos del plan, Anselmo Sella, Defensor Adjunto del Pueblo de la Nación pidió no perder de foco la postergación que viene padeciendo la región.
Esto significa, según Sella, evaluar la capacidad de carga del Matanza-Riachuelo, organizar la información facilitando su acceso público, fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones, preservar el derecho a la vivienda para todos los habitantes de la cuenca y garantizarles el acceso a la justicia.
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