Ocho años, un
cambio de gobierno y 5.200 millones de dólares después, la negligente
situación ambiental, habitacional y sanitaria sobre la cuenca Matanza-Riachuelo sigue
tan contaminada como en 2008, cuando un fallo de la Corte Suprema le
ordenó a las autoridades de Nación, Provincia y Ciudad de Buenos
Aires cumplir con el saneamiento de este curso de agua. En ese marco,
ayer se realizó una nueva y dura Audiencia Pública, donde el máximo Tribunal de Justicia arribó a una vieja conclusión: "No queremos nuevos planes, queremos acciones concretas".
La
frase sirvió de cierre para una jornada de más tres horas, donde
representantes de los tres gobiernos, que en conjunto forman la
Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), justificaron su accionar
dentro del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
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"Según los datos objetivos que presentan, estos indicadores del plan siguen siendo de gestión y no de resultados.
Estos parámetros no permiten saber cuál es el nivel real de cumplimiento. Y lo que nos dicen en el informe, es que ya hay 5.200 millones de dólares invertidos, pero
sólo se cumplió el 20% de la sentencia. ¿Qué se hizo con eso?", cuestionó con dureza el titular de la Corte,
Ricardo Lorenzetti.
La respuesta ensayó salidas que, más allá de los recursos intermedios,
confluían en la tangente de las estadísticas y terminaban ofuscando al
Tribunal: "Esos siguen siendo indicadores, no resultados", también se
escuchó expresar al ministro Horacio Rosatti.
"Existe un alto índice presupuestario que aún no se ha identificado.
Hay diferencias entre los registros de gestión y la información del
PISA, y esto reduce la permeabilidad al control. Por ejemplo, se
informan obras afectadas a municipios que no están en la cuenca, como
Vicente López y Tres de Febrero", detallaron a su turno desde la
Auditoría General de la Nación (AGN).
Este organismo ya había adelantado una semana atrás que, en lo que a
ordenamiento ambiental del territorio se refiere, "no se logró ningún
avance sustantivo", pese a haberse destinado $3.804 millones del
presupuesto PISA, de un total de $21.919 millones.
Cuando
las consultas, a cargo de la jueza Elena Highton de Nolasco, se
enfocaron en la problemática sanitaria, los referentes se apuraron en
enunciar las cifras. La fecha del último censo poblacional en la cuenca,
que data de 2014, fue la que más sonó en la sala. En ese entonces,
ACUMAR realizó un relevamiento de los problemas de salud en los
asentamientos del camino de sirga, y eligió al
plomo como indicador de la contaminación en la zona.
Sin embargo, como reconocieron en la presentación, todavía no pudieron
definir cuáles son las afecciones propias derivadas de la alta
concentración de efluentes químicos que se vierten en el agua.
Similar
es la situación del sistema de cloacas y el tratamiento de los desechos
orgánicos, un ítem en el que la empresa Aysa se desprendió de lo
ejecutado hasta hace poco menos de un año, y auguró mayor celeridad en
las obras que la involucran de cara a la nueva gestión. "Cuando tomamos
el mando de la empresa nos encontramos con el plan de trabajos sobre el
Riachuelo, que tiene un préstamo del Banco Mundial para ello, totalmente
paralizada", arrancaron las nuevas autoridades, para luego adelantar
que "en el 2017 superaremos los $10.500 millones de pesos en ejecución
de obras".
El objetivo, dicen, es tener los trabajos concluidos
(que incluyen un emisario de 7.5 kilómetros para la "Planta del
Bicentenario" en Berazategui, y otro en la Planta de Dock Sud de 11.5
kilómetros) para 2021, ya que en 2022 vence el plazo con el Banco
Mundial. Son obras urgentes, si se tiene en cuenta que "el emisario de
la Planta de Berazategui actualmente tiene 2.500 metros, por lo que
parte de los fluidos están saliendo muy cerca de la costa", se sinceró
el actual presidente, José Luis Inglese.
Se limpia, se vierten efluentes, se vuelve a limpiar y vuelven a volcar.
Este sistemático círculo vicioso representa la mayor parte del
problema. Los datos de ACUMAR sostienen que a septiembre de 2016 se
habían declarado 1.397 empresas como agentes contaminantes, de las
cuales sólo 412 fueron reconvertidas. Otras 512 están en proceso y el
resto no ha mostrado intenciones de modificar su status. En teoría, del
número total, el 80% de los agentes están concentrados en 200
establecimientos, considerados críticos en materia ambiental, por lo que
desde la máxima autoridad de la cuenca consideran innecesario trabajar
fuertemente sobre el resto.
Además de los entes de los tres
gobiernos, durante la audiencia pública fueron escuchadas muchas voces
que interpelaron los informes oficiales. Hubo tiempo para todos, o casi,
porque los únicos que fueron retirados del recinto, precisamente por
hacerse oír, fueron los vecinos de la cuenca. Son
ocho millones de personas que viven dentro de los 14 municipios y los barrios de la Ciudad comprendidos en esos 64 kilómetros de márgenes, y que no son parte formal de la causa.
"Somos
parte de la solución, no del problema. La Corte se sigue negando a
reconocer a los principales afectados por la contaminación. Tenemos una
curva de avance de obras de 2% anual en el último año. Acá viene el
Gobierno de la Ciudad a decir que ya relocalizaron cuatro barrios cuando
en realidad suman apenas 35 familias. Solo en la Villa 21-24 estamos
hablando de 1.200 familias", se indignó Paz Ochoteco, voluntaria de la
Fundación Temas, que acompaña a los vecinos del camino de sirga. Porque
en Villa Inflamable, El Pueblito, Villa 26, Asentamiento Lamadrid y
Complejo Mugica las condiciones son igual de desalentadoras.
