Los humedales son los ecosistemas que más han retrocedido a escala mundial. Argentina tiene algo más del 20% de su territorio cubierto de humedales que enfrentan constantes amenazas por intereses del sector agropecuario, inmobiliario y extractiva. Es inmediata la necesidad de protegerlos y hacer un uso sustentable de los mismos para preservar los beneficios ambientales que nos proveen.
Hace exactamente un año, el Presidente Mauricio Macri prometió una ley de humedales en pos de reconocer su indispensable rol para el equilibrio ambiental, y la urgente necesidad de protegerlos. Sin embargo, el proceso de elaboración de dicha ley no tuvo resultados positivos y a lo largo del año sufrió presiones de intereses privados que impactaron en su avance. “Las organizaciones de sociedad civil debemos dar lucha a un fuertísimo lobby del sector agropecuario e inmobiliario que apunta, de mínima, a que ésta sea lo más pobre y menos protectora posible, y de máxima, que no exista una ley de humedales”, afirma Ana Di Pangracio, Directora Adjunta de Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
El pasado 30 de noviembre fue aprobado un proyecto de ley en ese sentido, proveniente de la Comisión de Ambiente del Senado, y que contaba con dictamen de mayoría. Este proyecto supuso un amplio y extenso debate intersectorial que incluyó audiencias públicas. No obstante, en tablas muchos senadores sostuvieron no conocer su texto y en plena sesión efectuaron varias modificaciones al articulado. Los cambios introducidos en tablas implicaron algunos retrocesos en los niveles de protección originales; aun así el proyecto de norma resulta ser una herramienta importante para el cuidado de tan valiosos ecosistemas (Aquí).
Los humedales no pueden resistir más embates ni más tiempo sin una ley que los proteja del accionar irresponsable de los humanos. Es por ello que resulta urgente en este 2017 la aprobación de la ley de humedales en Diputados.
Dos intentos fallidos en la provincia de Buenos Aires
Durante los últimos años se pueden destacar dos casos que buscaron una medida cautelar para suspender obras sobre humedales en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, el juzgado de Sandra Arroyo Salgado suspendió las obras de dos countries de Escobar (Venice y Remeros Beach) en julio de 2016, medida firmada por el juez Canicoba Corral cuando Salgado estaba de licencia. Este es un juzgado federal y luego de la resolución se cuestionó su competencia. La causa pasó luego a la justicia provincial. Mientras la Corte Suprema de Justicia resuelve si es competencia federal o de provincia, las obras continúan.
El otro fallo es del Juez Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Campana. Este fallo, también de julio de 2016, suspende todas las obras sobre el Río Luján hasta determinar mediante un cuerpo de peritos si las obras sobre los humedales del río causaron las inundaciones, que causaron la muerte de dos personas. En ese expediente se realizó una audiencia pública que tampoco logró frenar las obras, a pesar de que no estaba hecho el debido estudio de impacto ambiental.
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