La Corte Suprema pide información sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo
La
Corte Suprema de Justicia de Nación requirió a la ACUMAR, al Estado
Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que, en el plazo de quince días, realicen un informe sobre
el íntegro y fiel cumplimiento de la sentencia dictada en la causa el 8
de julio de 2008.
Transcurrió más de un año desde que el Cuerpo Colegiado presentara a la Corte Suprema de Justicia de Nación (CSJN) un informe sobre el estado de implementación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), informe que llevó al Juez de ejecución a pedir la actualización del plan.
Transcurrió más de un año desde que el Cuerpo Colegiado presentara a la Corte Suprema de Justicia de Nación (CSJN) un informe sobre el estado de implementación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), informe que llevó al Juez de ejecución a pedir la actualización del plan.
El pasado 4 de octubre, la CSJN con la firma de la totalidad de sus actuales integrantes emitió una resolución en la causa “MENDOZA
BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ESTADO NACIONAL Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS
(Daños derivados de la contaminación ambiental del Río
Matanza-Riachuelo)”. En este sentido requirió a la Autoridad de Cuenca
Matanza–Riachuelo (ACUMAR), al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos
Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en el plazo de quince
(15) días realicen un informe circunstanciado sobre el íntegro y fiel
cumplimiento llevado a cabo de todos los mandatos impuestos en la
sentencia dictada en la causa el 8 de julio de 2008 (Fallos: 331:1622).
En dicha presentación se deberá señalar el grado en que ha sido
alcanzado respecto de cada uno de los objetivos fijados en el fallo,
dando cuenta además de los aspectos que podrían modificarse
implementarse para un mejor y más rápido cumplimiento de las metas
fijadas.
El pedido del máximo tribunal busca
contar con elementos para evaluar la necesidad de actualizar el PISA, o
bien reemplazarlo con nuevas pautas y objetivos. En la misma resolución
la Corte invita a los integrantes del cuerpo colegiado (formado por el
Defensor del Pueblo de la Nación y las organizaciones sociales ACDH,
AVLB CELS, FARN y Greenpeace Argentina) para que expresen su opinión
sobre aspectos que podrían modificarse o implementarse en relación con
los mandatos oportunamente impuestos en la sentencia.
Con este pronunciamiento, la Corte
Suprema vuelve a intervenir en el caso Mendoza, luego de 4 años, y lo
hace luego de que el cuerpo colegiado emitiera judicialmente una opinión
sobre el Plan Integral del Saneamiento (PISA), manifestando preocupación por lo poco que cumple las pautas fijadas por el juez.
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