Por Laura Rocha | LA NACION
Riachuelo sufrió un duro revés: la Autoridad de Cuenca (Acumar) se declaró en emergencia financiera y comenzó a recortar varios programas en ejecución y por ejecutarse.
Entre esas acciones se encuentran los convenios con AySA para terminar las plantas de tratamiento de cloacas, la compra de equipos para el monitoreo del aire de la cuenca, la reforma de La Saladita y el acuerdo con la Auditoría General de la Nación (AGN) que debe controlar todo el proceso.
La denuncia de la situación, firmada por el secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Acumar, Juan José Mussi, había sido enviada a la Corte el 14 de noviembre del año pasado y pedía la "urgente y directa intervención del tribunal" ante el "incumplimiento" financiero de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Cuando faltan pocos días para que comience febrero, y sin señales de esos aportes, la Acumar ya empezó a comunicar la falta de financiamiento para los programas.
"Para el presente año el presupuesto aprobado por el Consejo Directivo asciende a $ 652.444.252, del cual sólo $ 1.996.593 se solventaría con recursos propios", dice la nota de la Acumar. El 50% del saldo, $ 650.447.659, debe ser pagado por el gobierno nacional, mientras que a la Capital y a la provincia le corresponden el 25% a cada una.
"La provincia de Buenos Aires no devengó ni integró los recursos comprometidos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo aportó el 15% del monto comprometido", prosigue la notificación.
Según Silvia Lospennato, representante de la Ciudad en el Consejo Directivo de Acumar, "la nota de Mussi es falaz". "La Ciudad se comprometió a un aporte de 25 millones de pesos y lo cumplió, y así se lo informamos a la Corte", señaló.
Mussi hace una salvedad en la nota y destaca que si bien el gobierno de Daniel Scioli no ha hecho sus aportes, el monto que debe aportar está incluido en el presupuesto previsto para este año, cuestión que no ocurre en el ejercicio de Mauricio Macri. La Nacion pudo saber que la provincia realizó un aporte en bonos por $30 millones y la Ciudad, $25 millones.
Según la nota, los recortes supondrían unos $210 millones. Los programas más importantes que se recortan son: el convenio con la Universidad de La Matanza para hallar conexiones y vuelcos clandestinos; la suspensión de la construcción del Ecopunto de Ezeiza; el plan sanitario de emergencia; la limpieza de basurales y la adquisición de equipamiento para la red de monitoreo del agua y del aire.
Andrés Nápoli, abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que forma parte del cuerpo que controla el saneamiento, opinó: "Esto demuestra el fracaso en la concertación del organismo. Eso es muy preocupante y habría que ver si no contribuye a la paralización del programa de saneamiento".
Añadió: "No hay ninguna duda de que las jurisdicciones deben aportar, pero eso no puede ser una excusa para eliminar programas que han sido puestos en marcha con fondos propios de la Acumar, ya que eso implica no cumplir con el fallo. Asusta mucho que puedan quedar sin fondos las tomas de muestras para controlar industrias y los planes sanitarios de emergencia, ya que los dos puntos fueron señalados por la Corte para ser ejecutados inmediatamente. Al igual que los ecopuntos, representan la columna vertebral al sistema de gestión de residuos que tiene la Acumar".
Raúl Estrada Oyuela, de la Asociación Amigos de La Boca, sostuvo: "Los fondos que la Jefatura de Gabinete de la Nación redistribuyó al programa Fútbol para Todos equivalen a esas cantidades. Así que está todo mal. Las tres jurisdicciones están mal. Esto ocurre porque no existe interés político de resolver los problemas de la cuenca".
El presidente de la AGN, Leandro Despouy, confirmó que recibió el aviso por parte de Acumar que da de baja el convenio con el organismo que tiene que auditarlo. "La nota ha causado mucha sorpresa y hemos contestado señalando la improcedencia, porque en la AGN cuando se firman los convenios se tienen que cumplir. El organismo va a sostener su compromiso de continuar con la auditoría. Bajo ningún concepto ni ninguna excusa vamos a dejar de auditar el programa de saneamiento", indicó a LA NACION.
El plan de saneamiento sufrió un duro revés el año pasado a partir, precisamente, de una investigación de la AGN, que concluyó con el apartamiento por parte de la Corte del juez de ejecución del fallo que ordena limpiar el Riachuelo, Luis Armella. Además, en el relevamiento realizado por el organismo de control se acusa al juez federal de Quilmes de favorecer a algunas empresas constructoras en la cuenca.
Posteriormente, la Corte Suprema designó dos jueces que deben seguir el proceso.
CANCELACIONES REALIZADAS
Ascienden a unos 200 millones de pesos
Juan José Mussi
Secretario de Ambiente
Secretario de Ambiente
- "El presupuesto aprobado asciende a $ 652.444.252, del cual sólo $ 1.996.593 se solventarían con fondos propios"
- "La provincia de Buenos Aires no devengó ni integró los recursos comprometidos y la Ciudad sólo aportó el 15% del monto comprometido"
- "Solicitamos que se cursen los requerimientos a los respectivos Estados parte para requerirles inmediato cumplimiento"
- "Nos encontramos imposibilitados de continuar abonando el convenio por la realización de tareas de auditoría"
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