Por Carla Perelló
Luego de años de lucha de organizaciones vecinales y ambientalistas del distrito, la Legislatura bonaerense aprobó por unanimidad la norma que protege al predio. Garantiza que que las actividades de recreación y educativas continúen desarrollándose pero de manera compatible con la naturaleza. La OPDS será el organismo de aplicación. Los impulsores de la medida festejaron: "Vamos a tomar conciencia de esto poco a poco".
Lomas de Zamora, julio 14 (AUNO)-. Luego de dos décadas lucha de ambientalistas y vecinos organizados, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó por unanimidad el proyecto que declara "Reserva natural" al predio de Santa Catalina, ubicado en Juan XXIII y Camino de Cintura, en Lomas de Zamora. La medida puso en jaque la permanencia de la empresa Covelia y su relleno sanitario.
La media sanción fue otorgada luego de cambios introducidos por el Senado a partir de sugerencias que brindaron desde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que será la autoridad de aplicación de la medida.
La Ley 10.907 determina en su artículo 1 que en espacio deberá "sustraerse de la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia a perpetuidad de uno o más elementos naturales o la naturaleza en su conjunto, por lo cual se declara de interés público su protección y conservación".
Así, la nomenclatura de "Reserva natural" le cabe a las 700 hectáreas del predio, no obstante las inmediaciones en las que hay actividad humana –-como el terreno que ocupa la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ)-- fue apuntalado también como "paisaje protegido".
De esta manera se garantiza que esas áreas sean conservadas y que las actividades de recreación y educativas continúen desarrollándose pero de manera compatible con la naturaleza.
Aunque las parcelas y los límites de las diferentes nomenclaturas aún no fueron definidas, serán determinadas por el Ejecutivo provincial, que cuenta con tres meses para reglamentarlo.
Para concretar ese trabajo, el artículo 12 de la norma estipula que se deberá llevar a cabo un análisis de parcelas, dominios y jurisdicciones.
"Vamos a tomar conciencia poco a poco de lo que pasó", expresó Alberto de Magistris ante AUNO. El profesor de Ciencias Agrarias en la UNLZ fue, junto al profesor en Derecho Ambiental Julio Medina, uno de los precursores de la iniciativa hace dos décadas. De esta manera, "a Covelia S.A no le queda otra alternativa que irse del lugar", explicó.
La empresa recolectora de residuos asentada en un terreno lindero a Santa Catalina también debe responder a una medida cautelar aplicada por el juez federal de Quilmes a cargo de la causa Matanza-Riachuelo, Luis Armella, que consideró las 300 hectáreas de la laguna Santa Catalina como "bien jurídico colectivo". Es decir que entiende que el cuidado de ese espacio tiene una "importancia publica para toda la sociedad", sostuvo De Magistris.
En la misma causa, Armella, hizo lugar a una denuncia efectuada por la organización Pilmayqueñ –-presidida por De Magistris-- y dictaminó que Covelia SA deberá "detener toda labor dentro del predio" e impuso responsabilidades y metas a cumplir a las autoridades municipales, provinciales y a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) a fin de proteger definitivamente ese espacio para resguardo de sus valores ecológicos, históricos y educativos.
La empresa de residuos adquirió parte del predio por 32 millones de pesos en septiembre de 2008, momento en que organizaciones ambientalistas repudiaban fuertemente el relleno de cavas con basura ilegalmente.
Las denuncias se efectuaron debido a que el predio es uno de los últimos espacios verdes públicos (EPV) que hay en la provincia de Buenos Aires y porque ya contaba con la nomenclatura de "reserva histórica", que no permite industrias en el lugar.
CP-AFD
AUNO-14-07-11
La media sanción fue otorgada luego de cambios introducidos por el Senado a partir de sugerencias que brindaron desde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que será la autoridad de aplicación de la medida.
La Ley 10.907 determina en su artículo 1 que en espacio deberá "sustraerse de la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia a perpetuidad de uno o más elementos naturales o la naturaleza en su conjunto, por lo cual se declara de interés público su protección y conservación".
Así, la nomenclatura de "Reserva natural" le cabe a las 700 hectáreas del predio, no obstante las inmediaciones en las que hay actividad humana –-como el terreno que ocupa la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ)-- fue apuntalado también como "paisaje protegido".
De esta manera se garantiza que esas áreas sean conservadas y que las actividades de recreación y educativas continúen desarrollándose pero de manera compatible con la naturaleza.
Aunque las parcelas y los límites de las diferentes nomenclaturas aún no fueron definidas, serán determinadas por el Ejecutivo provincial, que cuenta con tres meses para reglamentarlo.
Para concretar ese trabajo, el artículo 12 de la norma estipula que se deberá llevar a cabo un análisis de parcelas, dominios y jurisdicciones.
"Vamos a tomar conciencia poco a poco de lo que pasó", expresó Alberto de Magistris ante AUNO. El profesor de Ciencias Agrarias en la UNLZ fue, junto al profesor en Derecho Ambiental Julio Medina, uno de los precursores de la iniciativa hace dos décadas. De esta manera, "a Covelia S.A no le queda otra alternativa que irse del lugar", explicó.
La empresa recolectora de residuos asentada en un terreno lindero a Santa Catalina también debe responder a una medida cautelar aplicada por el juez federal de Quilmes a cargo de la causa Matanza-Riachuelo, Luis Armella, que consideró las 300 hectáreas de la laguna Santa Catalina como "bien jurídico colectivo". Es decir que entiende que el cuidado de ese espacio tiene una "importancia publica para toda la sociedad", sostuvo De Magistris.
En la misma causa, Armella, hizo lugar a una denuncia efectuada por la organización Pilmayqueñ –-presidida por De Magistris-- y dictaminó que Covelia SA deberá "detener toda labor dentro del predio" e impuso responsabilidades y metas a cumplir a las autoridades municipales, provinciales y a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) a fin de proteger definitivamente ese espacio para resguardo de sus valores ecológicos, históricos y educativos.
La empresa de residuos adquirió parte del predio por 32 millones de pesos en septiembre de 2008, momento en que organizaciones ambientalistas repudiaban fuertemente el relleno de cavas con basura ilegalmente.
Las denuncias se efectuaron debido a que el predio es uno de los últimos espacios verdes públicos (EPV) que hay en la provincia de Buenos Aires y porque ya contaba con la nomenclatura de "reserva histórica", que no permite industrias en el lugar.
CP-AFD
AUNO-14-07-11
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